Por: Carlos Palomares
México es un país que cuenta con una Constitución Federal que consagra una serie de derechos a los que tenemos acceso quienes nos encontremos dentro del territorio nacional, en este sentido, vale la pena reflexionar sobre el derecho a una justicia pronta y expedita, que tiene implícito el trato digno por parte del personal contratado para dar atención, trámite y seguimiento a los procedimientos según la materia que corresponda. Al respecto, el marco jurídico mexicano señala, en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia las costas judiciales.”
El mandato constitucional pretende garantizar que en todo procedimiento jurídico se tenga la certeza que, quien resuelva, esté capacitado y facultado para ello; que la ciudadanía implicada recibirá un trato digno; que el Estado no cobrará por atender los asuntos y que no se excederán los plazos establecidos para tal efecto. Al momento de leer el contenido legal, se puede percibir una buena voluntad por parte del legislador para garantizar una convivencia adecuada, no obstante, la realidad no corresponde a lo mandatado en la Carta Magna.
Las razones son diversas, por un lado, tenemos las excesivas cargas de trabajo que enfrentan los órganos jurisdiccionales y de persecución de delitos. Lo anterior responde a una insuficiencia de personal para dar atención a los asuntos que se ventilan dentro de su jurisdicción, lo que deriva en jornadas extendidas que no son pagadas y que implican el tiempo y vida de les trabajadores.
Por otro lado, tenemos diversas afectaciones económicas, políticas, ambientales, educativas y culturales, que han debilitado nuestro sistema social, propiciando que un la ciudadanía sea cada vez menos cívica, menos respetuosa de las leyes. Una descomposición social que deriva en el aumento de delitos. Ello tiene como una de muchas consecuencias la saturación de fiscalías, agencias del ministerio público, juzgados cívicos y tribunales de justicia.
Se suma a lo anterior que, a pesar de los esfuerzos que se realizan por combatir el nepotismo, éste sigue presente en todos los entes del gobierno que participan en la impartición de justicia. Lo anterior deriva en personal que no tiene las capacidades ni competencias para resolver los asuntos que se desarrollan, generando un desequilibrio entre quienes sí las tienen.
. Los factores para que la justicia no sea pronta ni expedita son diversos y responden a diferentes sectores de la sociedad. La búsqueda de una solución debe partir de una concientización profunda por parte de todos los agentes que intervienen. Se requiere de mayor presupuesto, de contratación de más personal y de la creación de protocolos ágiles y didácticos que expliquen los procesos. Se necesita atender a las causas que generan incivilidad y delitos y políticas para su solución.
Es necesario que el personal se capacite y se instaure en su pensamiento, que las personas que llegan a las instancias gubernamentales, la mayoría de las ocasiones, no están ahí por placer y que se requiere de un alto sentido de empatía para desarrollar su trabajo. También resulta indispensable que las personas usuarias practiquen este valor hacia quienes laboran en los órganos jurisdiccionales o de persecución de delitos.
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