Por: Guadalupe Ortiz
La lucha de las mujeres por el pleno reconocimiento de sus derechos, ha estado presente a lo largo de muchos siglos en la historia, gracias a ellas, hoy podemos tener acceso a educación, a tener propiedades, a podernos desempeñar en funciones del espacio público, como trabajar y a elegir sobre nuestro cuerpo y sexualidad.
Pese a ello, hay un derecho que tendría que ser garantizado per se, pero ante el cual se han tenido que tomar medidas específicas en el contexto mexicano: el derecho a una vida libre de violencia; mismo que es el principal objetivo de leyes nacionales y locales, resultado del esfuerzo de mujeres de incansable lucha como Marcela Lagarde, quien sentó las bases para el desarrollo de otras herramientas como las alertas de violencia de género y la tipificación del delito de feminicidio, por mencionar algunas.
En este sentido, el pasado 2 de marzo de 2023, el Congreso del estado de Puebla aprobó la llamada “Ley ácida”, que consiste en el reconocimiento y la tipificación de los ataques con ácido como intento de feminicidio y no como lesiones, que era la categoría con la que se trataba este tipo de violencia. De esta forma, con 37 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, Puebla se convierte en el primer estado de la república en tener una medida de esta naturaleza.
Esta resolución generó cambios en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Puebla y el Código Penal local, añadiendo en estos documentos la conceptualización de la categoría “violencia ácida”. Además de ello, se establece una condena de hasta 40 años de prisión a quienes ejecuten este tipo de actos en contra de una mujer.
Identificar un problema y nombrarlo es un buen primer paso para intentar resolverlo. Las mujeres sobrevivientes de violencia ácida deben ser atendidas adecuadamente y llevar sus casos hasta las últimas consecuencias, sus agresores tienen que pagar por los daños que ocasionaron no solo a su cuerpo, también a su identidad, a su vida y a su estabilidad emocional. El acceso a la justicia ha de ser garantizado para todas las personas y desde luego a las mujeres, sin importar el tipo de violencia de la que hayan sido objeto.
Es importante reconocer y aplaudir por este logro que no fue solo de quienes presentaron la propuesta y la votaron, sino también de las mujeres que se mantuvieron de pie ante los atropellos del sistema de justicia e impulsaron desde la sociedad civil la consecución de estos recursos. Pese a ello, también me parece indispensable invitar a la reflexión sobre: ¿cuántas otras formas de violencia se ejercen a diario contra las mujeres, sin que hayan sido visibilizadas aún? Pareciera que el sistema patriarcal, que posibilita el uso de la fuerza contra los cuerpos de las mujeres, cada vez fabrica más recursos, como un virus que muta y se vuelve cada vez más fuerte y causa efectos más profundos.
Todos los días del año, la lucha y la resistencia ha de estar presente, pero este mes de marzo, es un gran momento para reflexionar sobre el ambiente de hostilidad en el que vivimos las mujeres y que legitima las violencias de las que somos blanco, así como de la serie de condiciones que hacen posible que las mujeres continuemos en posiciones desventajosas que nos vulneran.
Finalmente, preguntar ¿por qué alguien tiene que exigir que se respete su existencia e integridad?, ¿no debería estar implícito en el contrato social?, la digna rabia puede ser una gran respuesta estos y otros cuestionamientos.
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